Por: Rusmary Prieto Pardo, Asesora Legal en Propiedad Intelectual.
En un sector tan dinámico y competitivo como el automotriz, donde convergen fabricantes, importadores, concesionarios y talleres, la diferenciación ya no depende únicamente de la calidad del producto o del servicio. Hoy, el verdadero valor de muchas empresas reside en sus activos intangibles: la marca que el cliente reconoce, el nombre comercial que genera confianza, la innovación técnica que optimiza procesos, o incluso, la experiencia de servicio que fideliza usuarios. Todo esto hace parte de la propiedad intelectual, un activo estratégico que, más que un gasto, debe entenderse como una inversión.
En Colombia, la protección de estos activos está regulada y respaldada por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, que permite a las personas naturales y jurídicas registrar marcas, lemas comerciales, diseños industriales y patentes. Sin embargo, aún existe una brecha importante entre el reconocimiento de su valor y la acción efectiva de protegerlos. Si bien es cierto
que no es una obligación legal para los empresarios registrar su propiedad industrial, pues no existe una norma que así lo imponga, en la práctica empresarial moderna esta omisión se traduce en una falla de gestión estratégica. Por ello, más que una carga normativa, la protección de estos activos debería asumirse como un deber empresarial, orientado a la preservación del valor, la seguridad jurídica y la sostenibilidad del negocio. No registrar implica renunciar a la exclusividad, exponerse a conflictos legales, facilitar la apropiación indebida por terceros y, en el peor de los escenarios, perder activos construidos durante años de inversión y
posicionamiento. En un entorno competitivo, la inacción no es neutral: es un riesgo.
¿Por qué debería un empresario del sector automotor preocuparse por esto? La respuesta es sencilla: porque su reputación, su posicionamiento en el mercado y su capacidad de crecimiento dependen en gran medida de aquello que lo hace único. Una marca no registrada puede ser utilizada por terceros que bien pueden registrarla y prohibirle usarla, obligándolo a cambiar de nombre, perder su clientela y destruir el reconocimiento de marca que tardó años en construir, algo similar podría ocurrir a un desarrollo técnico sin protección, el cual puede ser replicado por terceros, ya que no cuenta con derechos de exclusividad.
Además, la propiedad intelectual no solo protege, también genera valor. Es un activo intangible que aumenta el valor de la empresa. Una empresa con marcas registradas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, patentes y diseños industriales protegidos es más atractiva para inversionistas, facilita la obtención de créditos y puede licenciar sus creaciones para generar nuevas fuentes de ingresos. Protegerlas permite capitalizarlas y convertirlas en ventaja competitiva.
No actuar a tiempo puede resultar costoso. Las disputas por uso indebido de marcas, la pérdida de exclusividad o la necesidad de rebranding forzado implican no solo gastos legales, sino la pérdida de años de posicionamiento y reconocimiento en el mercado.
El mensaje para el gremio es claro: proteger la propiedad intelectual no es un trámite accesorio ni un lujo reservado para grandes compañías. Es una decisión estratégica que fortalece el negocio, asegura su crecimiento y respalda la innovación. En un mercado donde cada detalle cuenta, registrar y proteger los activos intangibles es, sin duda, una de las mejores inversiones que una empresa
puede hacer.
En conclusión, dejar los activos intangibles sin protección es, en términos empresariales, una forma de autovulneración. La propiedad intelectual no es un trámite accesorio ni un lujo jurídico: es el mecanismo que convierte la reputación en exclusividad, la innovación en ventaja competitiva y el posicionamiento en valor tangible.
Quien no protege, compite en desventaja.
